Estudiantes y personal judío relataron ante la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social cómo el activismo anti-Israel en los campus derivó, en numerosos casos, en hostigamiento directo por su identidad.
Las universidades australianas tienen una larga tradición de activismo apasionado y provocador. Pero esta semana, la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social invirtió el espejo y lo apuntó hacia el propio movimiento de protesta anti-Israel. La imagen que devolvió fue, con frecuencia, incómoda.
La comisión escuchó ejemplos reiterados de activismo que cruzó la línea hacia la vilificación racial y religiosa. Estudiantes y docentes judíos describieron la angustia de ser señalados individualmente por su identidad, mientras el movimiento de protesta los responsabilizaba por las acciones del Estado de Israel. El vicerrector interino de la Universidad de Melbourne, Glyn Davis, fue categórico: se trata de antisemitismo sin ambigüedades, producto de fusionar la identidad judía con las acciones de un Estado nación.
Para sectores de la comunidad judía, esos reconocimientos llegan tarde. Jeremy Leibler, de la Federación Sionista de Australia, contó que comenzó a plantear su preocupación ante los rectores durante la pandemia, con casos como el de un estudiante de derecho gay de la Universidad de Melbourne al que le dijeron que no era bienvenido en el colectivo LGBTQ+ del campus por ser sionista. Leibler subrayó un matiz clave: muchos de estos jóvenes son progresistas y no rechazan las críticas al gobierno israelí; el problema es que fueron aislados por su condición de judíos. Incluso denunciar era difícil: los formularios de queja de las universidades ni siquiera contemplaban el antisemitismo como categoría.
Para cuantificar el fenómeno, la Unión Australasiana de Estudiantes Judíos (AUJS) encargó una encuesta que arrojó datos contundentes: el 64% de los estudiantes judíos experimentó antisemitismo y el 57% admitió ocultar su identidad en el campus. Su presidente, Jeremy Suss, sostuvo ante la comisión que las universidades perdieron de vista lo esencial —la seguridad estudiantil— y que, pese a haber tenido tiempo de sobra para actuar, en su mayoría no lo hicieron.
El punto de inflexión llegó en 2024, cuando los campamentos de protesta se multiplicaron en los campus tras la campaña militar israelí en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre contra civiles israelíes. Algunos campamentos, que se extendieron durante meses, mezclaban estudiantes con activistas externos. La agencia de estándares del sector terciario advirtió que la llegada de actores de afuera —especialmente en Sydney y Melbourne— volvió las protestas más agresivas y personalizadas contra estudiantes y personal judío, y urgió a las universidades a restringir el acceso de no estudiantes y convocar a la policía.
La comisión escuchó que la mayoría de las casas de estudio fue tomada por sorpresa, pese a que protestas similares en Estados Unidos ya ocupaban los noticieros. El vicerrector de la Universidad de Sydney, Mark Scott, admitió que no anticiparon el campamento porque no formaba parte de la historia del movimiento de protesta local. Tanto Sydney como la Universidad Nacional Australiana pidieron disculpas por sus respuestas iniciales laxas, que permitieron que los campamentos se prolongaran durante meses.
El contraste lo marcó Monash: su vicerrectora, Sharon Pickering, desmanteló rápidamente el campamento cuando aparecieron carteles que declaraban que los sionistas no eran bienvenidos. La comunidad judía valoró ese liderazgo, que envió señales claras sobre qué conductas eran aceptables. En la misma línea, la canciller de Western Sydney University, Jennifer Westacott, rompió filas con sus colegas y acusó a otros líderes de escudarse en la libertad académica para tolerar pancartas que llamaban a la muerte de judíos.
El desafío que queda planteado es cómo redefinir el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad de estudiantes y personal. Las posiciones siguen enfrentadas: Yasmine Johnson, coorganizadora de Students for Palestine y judía, calificó de absurda la idea de que las protestas generaron miedo y defendió consignas como «del río al mar», que la comunidad judía considera antisemita y que el primer ministro Anthony Albanese juzgó incompatible con la solución de dos Estados. Desde el gremio docente, en tanto, advirtieron contra otorgar a las autoridades poderes amplios para disciplinar la expresión de visiones políticas controvertidas.
La abogada asistente de la comisión, Zelie Heger, sintetizó el mandato con una frase que marcará las conclusiones del organismo: la dificultad de encontrar el equilibrio no puede ser excusa para no actuar. Una línea puede y debe trazarse.
