La Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social de Australia cerró dos semanas de audiencias dedicadas a examinar cómo las plataformas digitales detectan y responden a lo que la investigación describió como un foco de odio hacia los judíos en línea. Meta, TikTok, YouTube y LinkedIn comparecieron ante los comisionados, pero la nota dominante del bloque fue la ausencia de X, la empresa de Elon Musk, que junto con Telegram se negó por completo a colaborar con la pesquisa.
X, en el banquillo de los ausentes
La investigación reveló que se realizaron múltiples intentos de contacto con X entre mayo y junio, incluyendo una notificación para presentar documentos enviada a abogados con sede en Australia que habían representado a la plataforma en asuntos previos. Todo fue en vano. En el último día de audiencias, el abogado asesor Richard Lancaster SC dedicó un alegato de veinte minutos a criticar duramente a X y a Telegram por su negativa total a participar, y señaló la paradoja de que una empresa que se presenta como defensora de la libertad de expresión haya optado por el silencio absoluto.
Lancaster calificó la conducta de X como una falta de respeto escandalosa y afirmó que las pruebas aportadas por peritos y víctimas demostraban que la plataforma es un actor clave en la proliferación del odio antisemita en el entorno digital. El pasaje más grave de su exposición apuntó a la apelación que X presentó contra la orden de la comisionada de seguridad en línea, Julie Inman Grant, de retirar un video que mostraba a las víctimas inmediatamente después del atentado terrorista de Bondi Beach, perpetrado durante Janucá en diciembre de 2025. Según Lancaster, la empresa argumentó que en internet circulan representaciones infames de importancia histórica y política, e incluyó páginas enteras de imágenes del Holocausto en su presentación. El abogado condenó de manera inequívoca el uso de esas imágenes en ese contexto y planteó una pregunta de fondo: si X tiene, o debería tener, una licencia social para operar en Australia.
Meta y el límite del modelo reactivo
Meta, que compareció por videoconferencia a comienzos de la semana, quedó fuera del alegato final más duro, pero no escapó al escrutinio. Su responsable de políticas, Benjamin Good, fue interrogado repetidamente por la comisionada Virginia Bell mientras defendía el giro de la empresa hacia un modelo más reactivo de aplicación de normas, que depende de las denuncias de los usuarios. Bell le señaló que ese enfoque nunca puede alcanzar el estándar de oro, porque el contenido infractor queda publicado y disponible antes de que alguien lo denuncie y la empresa lo elimine. Good admitió que lo ideal sería remover todo el contenido violatorio antes de que nadie lo vea, aunque matizó que la aplicación perfecta también implicaría no incurrir jamás en una represión excesiva de publicaciones legítimas.
YouTube y el video de la falsa bandera
Uno de los momentos más significativos de la semana llegó con la comparecencia de YouTube Australia. La plataforma defendió su decisión de mantener en línea un video que califica el atentado de Bondi Beach como una operación de falsa bandera y acusa a la víctima Arsen Ostrovsky de ser un agente encubierto. Lancaster fue tajante: sostuvo que ese contenido, bajo cualquier interpretación racional de las propias normas comunitarias de YouTube, constituye una violación de esas políticas, y que el hecho de que una plataforma grande y de buena reputación adopte semejante postura ante la comisión pone de manifiesto la urgencia de una regulación adecuada del sector.
Valores diseñados en otra parte
Anne Kruger, profesora de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Queensland, consideró reveladora la actitud de las plataformas durante las audiencias y advirtió que Australia opera dentro de sistemas gestionados y diseñados en Estados Unidos, con valores muy diferentes a los locales. Kruger recordó su experiencia en el subcomité del primer código regulatorio australiano sobre desinformación y las dificultades para obligar a X a responder una queja presentada en 2023, luego de que la empresa eliminara la función que permitía denunciar publicaciones como desinformación. No había nadie en Australia con quien tratar directamente, relató: X fue removida del código y no existía ninguna otra herramienta legal para responder a su falta de cooperación.
Varios testigos evocaron en ese sentido la revisión de 2021 de la funcionaria Delia Rickard, que recomendó exigir a las principales plataformas una presencia física en Australia para facilitar la aplicación de la normativa, una recomendación que sigue sin implementarse.
Hacia una rendición de cuentas efectiva
En sus conclusiones del viernes, Lancaster propuso evaluar si la comisionada de seguridad en línea u otro organismo regulador debería recibir mayores poderes para supervisar las operaciones de todas las plataformas. Si las redes sociales causan daño a los australianos, sostuvo, las leyes del país deben poder garantizar la rendición de cuentas, y las obligaciones regulatorias deben imponerse porque las empresas no están resolviendo el problema por sí mismas.
La comisión, encabezada por la jueza Virginia Bell, se traslada esta semana a Melbourne, donde examinará la prevalencia del antisemitismo en el sector universitario y las medidas de seguridad para la comunidad judía. Las audiencias regresarán a Sídney a fines de julio, cuando el foco pasará a las formas en que los organismos e instituciones gubernamentales pueden contrarrestar y prevenir las manifestaciones de antisemitismo. El informe final debe entregarse el 14 de diciembre de 2026.
