Apenas días después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara, el lunes 13 de julio, una campaña de todo el gobierno estadounidense para «desmantelar» la Corte Penal Internacional —a la que calificó como «una amenaza intolerable a la soberanía de Estados Unidos»—, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, volvió a plantear públicamente la posibilidad de arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la base de la orden de captura emitida por ese mismo tribunal.
Este sábado 18 de julio, en una entrevista con el podcast de The New York Times, Mamdani afirmó que Netanyahu «pertenece a La Haya» y que su administración mantiene «una conversación activa» con el departamento legal de la ciudad para determinar si tiene autoridad para ordenar su detención cuando el mandatario visite Nueva York en septiembre, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El contraste no podría ser más nítido: mientras Washington despliega sanciones, restricciones de visas y presión diplomática para aislar a la CPI —un tribunal cuya autoridad Estados Unidos nunca reconoció, bajo administraciones tanto republicanas como demócratas—, el alcalde de la principal ciudad del país invoca sus órdenes como si tuvieran vigencia en territorio estadounidense.
Un patrón que se repite
Una columna de opinión publicada por la revista estadounidense City Journal analiza este comportamiento como parte de un patrón sostenido: Mamdani apela de manera recurrente a un «derecho internacional» difuso, y siempre con un mismo destinatario. El pasado 5 de mayo, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente a la sinagoga Park East de Manhattan —con banderas de Hezbollah y consignas como «muerte al ejército israelí», según registraron los videos del lugar—, la reacción del alcalde no apuntó contra la turba sino contra el evento que se desarrollaba adentro: una feria inmobiliaria de propiedades en Israel. «El alcalde Mamdani se opone profundamente a la expo inmobiliaria de esta noche, que incluye la promoción de venta de tierras en asentamientos en la Cisjordania ocupada. Esos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional», declaró su oficina. La Liga Antidifamación (ADL) lo acusó de haber inflamado una situación ya volátil cuando su responsabilidad era desescalar.
El columnista señala que Mamdani se equivoca sobre el derecho internacional con la misma frecuencia con que lo invoca. Cuando denunció como «una violación flagrante» el abordaje israelí de una flotilla que intentaba romper el bloqueo naval sobre Gaza, omitió que el bloqueo es una herramienta básica de la guerra naval reconocida por el derecho de los conflictos armados, que permite abordar —e incluso hundir, en ciertos casos— embarcaciones neutrales que intenten quebrarlo. Y respecto de las ferias inmobiliarias, el artículo recuerda que la Convención de Ginebra prohíbe únicamente que una potencia ocupante transfiera su propia población civil al territorio en cuestión: los neoyorquinos que compran una propiedad no son población civil israelí transferida por el Estado, y en territorios efectivamente ocupados, como el norte de Chipre, la venta de propiedades a extranjeros jamás fue tratada como crimen internacional.
La selectividad como síntoma
El dato más revelador del análisis es la direccionalidad: todas las invocaciones de Mamdani al derecho internacional han apuntado contra Israel, desde sus primeras amenazas de arresto contra Netanyahu durante la campaña electoral de 2025 —cuando prometió hacer de Nueva York una «ciudad del derecho internacional»— hasta hoy. A la orden de la CPI contra Vladimir Putin por la invasión de Ucrania, emitida en 2023, solo la mencionó de manera tangencial, en el contexto de justificar su amenaza contra el premier israelí. La columna también destaca una omisión llamativa: si hay presuntos delitos vinculados a la CPI que Nueva York sí podría investigar, son las denuncias de agresión sexual contra el propio fiscal jefe del tribunal, Karim Khan —una de las cuales habría ocurrido en un hotel de Manhattan—, y sin embargo el alcalde no exhibe el mismo celo justiciero en ese caso.
La conclusión del columnista es incisiva: cuando una supuesta norma «internacional» se aplica a un solo país, no es ni internacional ni derecho, sino un juicio —probablemente sesgado— sobre una disputa particular. Y advierte que la naturaleza esotérica del derecho internacional, una especialidad que casi nadie domina, lo convierte en un vehículo eficaz para expresar en lenguaje respetable sentimientos que no podrían enunciarse abiertamente: que los judíos no deberían poder comprar propiedades en Judea y Samaria, o que su exilio de zonas de las que fueron limpiados étnicamente por Jordania entre 1948 y 1967 debería ser permanente e irreversible.
Mientras tanto, la pregunta práctica sigue abierta: la orden de la CPI contra Netanyahu data de noviembre de 2024, el premier tiene previsto asistir a la Asamblea General en septiembre, y el alcalde de la ciudad anfitriona de la ONU sigue «estudiando» si puede detener al jefe de gobierno de un Estado aliado, en abierta contradicción con la política exterior de su propio país, que es competencia exclusivamente federal.
