Se presentaron los dos únicos oferentes por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en la que el Gobierno argentino considera la operación más grande de su programa de privatizaciones en términos de ingresos genuinos para el Estado. Se trata de un proceso que definirá quién presta el servicio de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano bonaerense.
Las dos propuestas confirmadas fueron el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por el empresario Mauricio Filiberti —dueño de Transclor, proveedor monopólico del cloro que utiliza AySA para potabilizar el agua, y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en la distribuidora eléctrica Edenor—, y Roggio ROAS S.A.U., del histórico Grupo Roggio, que ya opera Aguas Cordobesas, el subte porteño y el ramal Urquiza. Según el acta de apertura, 17 participantes estaban registrados en el proceso, aunque solo estos dos avanzaron con ofertas concretas. Ahora los consorcios pasan a una etapa de análisis técnico y, recién después, a la instancia de oferta económica, ya que el pliego no fija base ni precio mínimo.
Mekorot, afuera por la cláusula antichina
Entre los interesados que finalmente no llegaron a presentarse figuraba Mekorot, la empresa estatal israelí de agua, reconocida internacionalmente como referente en tecnología hídrica, desalinización y reúso de aguas residuales. Según precisó La Nación, la compañía fue alcanzada por la llamada «cláusula antichina» del pliego licitatorio, un requisito que impide participar a empresas con componente accionario de capitales soberanos, y que —pese a estar orientada a bloquear a actores estatales chinos— terminó excluyendo también a la estatal israelí.
La ausencia de Mekorot se suma a la de otros jugadores internacionales que habían mostrado interés durante la etapa de consultas, como la francesa Veolia y la brasileña Sabesp, operadora del sistema de agua de San Pablo, que finalmente no se presentaron. El resultado es una licitación disputada exclusivamente entre capitales locales, un patrón que se repitió en otras privatizaciones recientes del programa, como la de las hidroeléctricas del Comahue y la del 50% de Citelec, controlante de Transener.
La empresa había sido privatizada por primera vez en 1993, bajo control del consorcio Aguas Argentinas, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato en 2006 y reestatizó el servicio. El pliego actual exige al ganador una inversión de US$1940 millones en los primeros cinco años y de US$15.040 millones a 30 años, mientras que en el Ministerio de Economía estiman recaudar unos US$450 millones por la venta del 90% del paquete accionario.
Abigail Cohen
Especialista en Política Internacional y Medio Oriente. Basada en Israel.
